HASTÍO.- ¿Qué pensará, y lo más importante, qué responderá el “responsable de la seguridad interna del país” a todos los sectores ahora por el análisis crudo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, que denuncia pérdidas por 4,200 millones de pesos?.

Esas pérdidas son por los desmanes de la CNTE en distintos puntos del país, Oaxaca en especial.

Inmerso por cuestiones profesionales en el sector educativo nacional, sé del profesionalismo de la inmensa mayoría del casi millón y medio docentes del país, dedicados con ejemplar apostolado al ejercicio de su ministerio. Pero esta mayoría es ignorada para dar paso a los violentos reclamos y abusos de una minoría que en las 4 entidades en conflicto suman 200 mil miembros o poco más.

Esa atención preferente a esta inmensa mayoría de docentes conflictivos es culpa de la SEP que no les habla claro, y menos con energía; pero también de muchos medios de comunicación que les “festejan” –desplegando generosamente sus desmanes-, sin atreverse a enjuiciar esas actitudes nocivas, por cuidarse de calificativos que la CNTE impone como el de oficialistas, y hasta agrede.

Antes han sido los banqueros, después la poderosa Cámara Americana de Comercio y ayer lo hizo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, clamando todos para que el gobierno ponga un hasta aquí a actitudes agresivas y destructivas de quienes en lugar de estar en las aulas y al frente de grupos de estudiantes, organizan marchas, toman carreteras e saquean negocios.

Lo último es la amenaza de boicotear todas las actividades del “segundo lunes del cerro”, con lo que se cierra el principal festejo de los oaxaqueños que es la Guelaguetza y que en condiciones normales deja derramas millonarias a comerciantes, artesanos y empresas turísticas, pero que por estas actividades de la CNTE el turismo, derrama y ventas están en su mínima expresión.

Por el comportamiento oficial de las últimas semanas ¿o meses?, la incertidumbre y el pesimismo no solo del empresariado nacional sino del pueblo en general podría prolongarse, salvo que sucediese algo inesperado y las autoridades responsables se atrevieran a poner orden, sobre todo en las carreteras y hasta vías férreas para que la producción y comercialización siguieran.

Si en todas estas actividades de restauración de la confianza del tejido social se contara con el   apoyo institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las cosas podrían variar, pero si la CNDH se aboca sólo a proteger los derechos humanos de quienes bloquean carreteras el panorama empeora. Para la CNDH los uniformados no tienen derechos, ¿o sí?.