Ya se ha convertido casi, casi, en una necesidad automática: después de cada elección, una reforma electoral. Pero en verdad ahora sí resulta necesaria.

Más allá de los resultados electorales preliminares, de cuyo detalle ya se consignan puntos importantes en otros espacios de esta misma edición, es conveniente ahora señalar la imposibilidad de seguir con estas mismas estructuras.

En resumen se puede decir: las leyes electorales y el funcionamiento de las instituciones de ese ramo no están pensadas para beneficio de los ciudadanos sino para el control del ejercicio político. Y no se consigue ni una cosa ni la otra.

Por ejemplo, la limitación para el comercio de espacios publicitarios y de propaganda en los medios electrónicos,  nunca dio el resultado previsto por la reforma tras las acusaciones de Guerra Sucia de la siempre dudosa elección de Felipe Calderón.

La suciedad bélico electoral llegó en esta pasada elección a límites nunca conocidos y no funcionó el control del comercio de tiempo en los medios tradicionales. Las redes y lo demás cumplieron su cometido y emporcaron el ambiente hasta la urgencia de advertir desde la presidencia del Instituto sobre la proliferación de las noticias falsas. Mientras más medios sin control ni responsabilidad, más ruido en el ambiente.

Lejos de terminar con la guerra, la ley actual nada más agravió la economía de una industria y aturdió a los ciudadanos en favor y provecho disparejo del aprovechamiento abusivo de candidatos que protegidos por la presidencia de sus partidos, se apropiaron (lo hicieron claramente Anaya y López), del tiempo oficial en beneficio de su causa personal. Y sin  gastar un centavo. Bueno, ellos.

El Instituto Nacional Electoral es un megaterio, pesado, costoso y en algunas cosas ineficiente, por imposiciones políticas derivadas de apoyos coyunturales a la larga traicionados por los partidos políticos, quienes —principalmente el PAN— trocaron principios electorales por cambios estructurales dentro de la fórmula de operación del antiguo IFE hasta desfigurarlo y llenarlo de chipotes.

Esta ley es absurda y en  momentos estúpida en casi todos sus capítulos. Su pretensión de equidad es lo único bien logrado: iguala todo a la baja y convierte a un instituto de desarrollo democrático (en teoría), en una especie de estación  soviética de monitoreo y sanción  de pequeñas transgresiones a las normas incumplibles o al menos imprecisas, sobre todo en lo relacionado con la anticipación de actos de campaña.

Hoy nadie le puede decir al excandidato de Morena, ni a Anaya Canallín, con cuánto tiempo se anticiparon a una campaña como la concluida recientemente. Ya nadie les dirá ni una palabra.

Otras estupideces son los periodos: precampaña, intercampaña, campaña, periodo reflexivo, etc.

Ni se cumplen ni tienen utilidad alguna esas segmentaciones. La actividad política no es un  asunto de proximidad electoral; la política es una fiebre constante de todo el día y a veces de toda la noche.

—¿Cuándo comienza un político profesional a hacer política? Desde el primer día de su vida pública. Hoy mismo ya se preparan las campañas del 2024.

Y meterse en  el complejo, pero necesario asunto del financiamiento de los partidos, es una materia aún pendiente: aparte del capital público, excesivo, mal calculado, todos los partidos manejan dinero oscuro, por no decir negro.

El Instituto Electoral no puede con tantas encomiendas como para realizar una fiscalización eficiente. Muchas cosas se pasan por alto y otras se disimulan en el volumen de trabajo, quizá sin ánimo de complicidad o disimulo.

Pero la cantidad de las tareas encomendadas al INE sobrepasa su naturaleza.

Su capacidad de monitoreo es superior a la del CISEN, por ejemplo. Y ese costo gravitando sobre su estructura bien podría ahorrarse o llevarse a un mejor destino, como por ejemplo, la preparación de funcionarios en el servicio profesional.

El INE cumple cabalmente con varios aspectos de la vida política. Su capacidad de credencialización, con todos los fallos en algunos casos aislados, es altamente satisfactoria. Su habilidad ya probada para instalar las miles de casillas y proporcionar los materiales electorales es reconocida internacionalmente. Su legalidad es incuestionable.

Pero cuando alguien cumple una ley estúpida y mal hecha, como la vigente, pues acarrea consigo las fallas genéticas y resulta con taras evidentes en su propio comportamiento.

Hoy la tarea democrática en materia electoral consiste en cambiar la ley, lo cual se advierte desde ahora (falta ver la composición definitiva del Congreso General) un tanto complejo. Si se llega a cambiar se puede dar la oportunidad para tentaciones concentradoras del poder en preparación del próximo paso para consolidad una fuerza ahora incipiente en el ejercicio cotidiano del poder.

Para esta columna el asunto reviste poca importancia, pero también se deberá hacer algo para terminar con la simulación de las candidaturas “independientes”. Aligerar los requisitos (y endurecerlos para los nuevos partidos satelitales, parasitarios y gravitacionales), para dejar a los aspirantes casi sin condicionamientos,  o endurecer las sanciones expulsoras a quienes alteren las formas de cumplimiento como sucedió en los tres casos de aspirantes de esta temporada.

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