RAFAEL CARDONA

Nos lo advierte la sabiduría acumulada: malhaya quien caiga en manos de médicos o abogados.

Pobre del país cuyo destino quede en manos de tinterillos y un Poder Judicial (en términos generales), dotado para extralimitarse por encima del texto constitucional e ignorar la soberanía de otros poderes y de los órganos autónomos.

Hoy, como hizo hace unos meses la Suprema Corte de Justicia (cuando amenazó con cesar al Congreso si no se acataba su capricho en cuanto a la Ley de Comunicación Social, mediante una amenaza aún vigente), la extralimitación le pasa por encima al Artículo 21 de la Constitución, el cual dice a la letra (Sin necesidad de interpretación alguna):

“… La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

“La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial…”

Pues en contra de este mandato se arrincona a la PGR, se inventan una Comisión de la Verdad y dejan a la CNDH subordinada a quienes lleguen a formarla.

Hoy los jueces del Primer Colegiado de Tamaulipas le han pasado una aplanadora con placas de la OEA al texto constitucional, y expedido una orden fulminante: crear una “Comisión de la Verdad” (como si no fuera esto en esencia la CNDH, pero de manera permanente y en todos los casos posibles) para determinar lo ocurrido en Iguala (y no digo Ayotzinapa porque en este lugar nada sucedió. Ocurrió a muchos kilómetros de distancia).

Y de paso convertir los cuarteles militares de zonas reservadas a la Seguridad Nacional, en terreno de día de campo para las fobias de los interesados en torpedear al Estado desde el submarino de los Derechos Humanos mal entendidos, pero eficazmente aplicados en esta progresiva, incansable y, por lo visto, exitosa demolición.

Además, soltar a los procesados, porque sabe usted, los torturaron para obligarlos a confesar. Ellos desaparecieron a 43 personas, pero son inocentes porque les picaron los ojos.

“Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas (Mauricio de la Mora, Juan Trejo Espinoza y Héctor Gálvez), resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura…

‘…De esta forma, el tribunal señala que por las ‘graves violaciones a los derechos humanos’ a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

“Dicha comisión”, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar”. De la noche a la mañana Vidulfo Rosales se convierte en par del “Ombusdman” constitucional.

Hoy ponen la Iglesia en las manos de Lutero y le entregan un poder similar a los padres de Ayotzinapa (nunca se habla de las madres) al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a despecho de una investigación ya sumamente avanzada de esta institución del Estado, en la cual se toman en cuenta todos los elementos invocados en esta estúpida resolución del Colegiado.

Pero el extremo de la sandez es ordenar la creación de un organismo público desde las febles líneas de una sentencia judicial de posible apelación en la Corte (como si la Corte sirviera para algo, dice Andrés Manuel), sin tener facultades de administración pública.

—¿Quién va a constituir esa comisión? ¿Cuántos integrantes debe tener y por qué? ¿Quiénes y por qué? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién pagará la protección de sus integrantes? ¿Cuáles serán sus facultades, de dónde surgirá su adscripción administrativa? ¿Cómo se empatarán sus imaginarias funciones con una fiscalía autónoma en proceso?

Son muchas preguntas y muy pocas respuestas porque esta actitud de los jueces es resultado de la embestida contra el Estado. No es una defensa jurídica de los derechos humanos de nadie.

Es la herencia de la Organización de Estados Americanos a través del Grupo Internacional de Expertos Independientes quienes medraron para socavar a la PGR y a través de ella al miope gobierno mexicano, el cual no sólo les abrió las puertas, sino también la faltriquera con el oro.

Su finalidad es convertir a México en una Guatemala (ya Andrés Manuel pidió la intervención de la ONU y la creación de esta CV), con un gobierno títere de los organismos internacionales.

Ese peligro supera las amenazas, aranceles y cañones de Trump.